Perú
La Fiscalía de la Nación aceptó el pedido de la Procuraduría General del Estado para que se cite a 40 personas, entre civiles y funcionarios públicos, a declarar en la investigación que se le sigue a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año. A ella se le imputa los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Según fuentes de Infobae Perú en la Procuraduría, Marco Huamán, fiscal adjunto supremo y coordinador de las denuncias constitucionales del Ministerio Público, firmó la resolución el 5 de setiembre pasado. Sin embargo, hubo una serie de trabas en el camino para que se lograra tal decisión.
El 22 de agosto, desde la Fiscalía informaron a la Procuraduría que solo iban a recoger el testimonio de 16, mientras que con los 24 restantes no era necesario porque “carecían de utilidad y pertinencia”. En este último grupo llama la atención porque aparecen los nombres de ex y actuales integrantes del gabinete del premier Alberto Otárola.
Así se puede destacar en la relación a los exministros Luis Adrianzén (Trabajo), Óscar Becerra (Educación), Nelly Paredes del Castillo (Desarrollo Agrario y Riego), Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones) y Rosa Gutiérrez (Salud).
Además, se encontraban incluidos la canciller Ana Cecilia Gervasi, Alex Contreras, titular de la cartera de Economía y Finanzas, y Julio Dermatini, de Desarrollo e Inclusión Social.
Tras este rechazo, desde la Procuraduría presentaron un nuevo escrito al Ministerio Público para mencionar que era necesario que se incluyan los testimonios de la lista de 24 personas en la investigación contra la presidenta Boluarte porque sostuvieron reuniones con ella en Palacio de Gobierno durante la ola de manifestaciones antigubernamentales que dejó como saldo más de 60 muertos. Es así que el 5 de setiembre, tras más de un mes, se acogió el pedido.
“Lo que se busca es que respondan si tocaron las políticas de Estado o le informaron a la mandataria de las acciones que se estaban coordinando”, nos señaló la fuente de Infobae Perú respecto a la insistencia por tener las declaraciones de los exministros de Boluarte Zegarra.
De momento no hay una fecha exacta para citar a los 40 testigos que deberán hablar dentro del plazo de 45 días más que la Fiscalía de la Nación dispuso para la indagación contra la jefa de Estado y el premier Otárola, quienes también volverán a declarar.
Los citados
Aparte de los ex y actuales ministros de Boluarte Zegarra también aparece otros nombres. Uno de ellos es Raúl Molina, quien se desempeñó como jefe del gabinete técnico de la Presidencia. El 2 de febrero pasado renunció a su cargo tras mostrarse en desacuerdo con la estrategia agresiva que el Ejecutivo había tomado para reprimir a los protestantes contra la mandataria.
Adicionalmente, aparece Jorge Angulo Tejada, comandante general de la PNP; Víctor Zanabria Angulo, exjefe de la región policial Lima que ahora lidera la Dirección de Orden y Seguridad; Juan Maco Castro, jefe de ayudantía de la PNP; Johana Ibarra Silvestre, capitán PNP; Vicente Álvarez, jefe de Estado Mayor de la PNP; Antonio Cosco, asesor de Inspectoría de la PNP.
Igualmente servidores del Ministerio del Interior como Manuel Ríos, director de Orden Público, y Manuel Rumiche, del área de Gestión de Conflictos. Los exjefes de la DINI, Wilson Barrantes y Juan Carlos Liendo, y Roger Arista, que lidera esta institución en la actualidad.
Por los militares están David Ojeda Parra, excomandante general del Ejército del Perú (EP); Víctor Huertas, general de brigada EP; Alfonso Artadi, comandante general de la Fuerza Aérea; y Rubén Layseca, jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Algunas autoridades subnacionales y funcionarios son requeridas como Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho; Nick Aponte Quispe, alcalde de San Antonio de Huarochirí; sus colaboradores Fredy Bohórquez y Andrés Gonzales, Luis Ueno, alcalde de Barranca.
Por los civiles deberían ser llamados el excongresista izquierdista Richard Arce, el abogado constitucionalista Luciano López, Rivin Yangali y Lucía Yangali Pastor.
Fuente: Infobae