Costa Rica
Las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa respondieron esta tarde en conferencia de prensa a las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves Robles en las que trasladó al Congreso la responsabilidad de atender la crisis de inseguridad que atraviesa el país y en las que se quejó de que el Legislativo no había avanzado en el trámite de los cinco proyectos de ley en materia de seguridad presentados por el Poder Ejecutivo.
Durante la conferencia la jefa de fracción del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén Pérez, señaló:
Hemos insistido y se ha logrado también a través del presupuesto que pronto se aprobará, la creación de plazas nuevas en el OIJ, en el Ministerio de Seguridad Pública y más de 21.000 millones adicionales para la materia de seguridad. Hemos insistido también en la necesidad de cerrar el lavado de dinero, legitimación de capitales y combatir prácticas del crimen organizado en Costa Rica y lo seguiremos haciendo sin importar de quién sea la autoría del proyecto de ley".
La jefa del FA solicitó al presidente Chaves "sensatez y no renunciar a la facultad constitucional que tiene al ser en comandante en jefe de la policía de asumir su tarea en el resguardo de la seguridad".
Por su parte, el jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig Mintz, señaló que "no puede el presidente renunciar y decir que a partir de ahora va a hacer conferencias de prensa culpando a la asamblea legislativa por los asesinatos que ellos, con su criterio, definan que son por la falta de aprobación de leyes".
El jefe del PLP recordó:
La enorme mayoría de los proyectos de ley relacionados con seguridad que hay en esta Asamblea Legislativa serían de ejecución del Poder Judicial, ni siquiera del Poder Ejecutivo. No es cierto que le están haciendo falta leyes al gobierno de la República para poder perseguir la criminalidad, por lo menos no las leyes que el gobierno ha presentado ni las leyes que están aquí en la asamblea legislativa presentadas".
El jefe de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco Castro, calificó al mandatario de "incendiario" y aseguró que el presidente "rompe puentes". Además, ante las criticas del mandatario por la ausencia de congresistas en la presentación de la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030, Pacheco explicó que se debió a que esa conferencia fue realizada en Guápiles y de asistir habrían perdido la sesión del Plenario del día de hoy, y señaló que ni siquiera la bancada oficialista se hizo presente. Por último el jefe del PUSC manifestó su satisfacción de que el Poder Ejecutivo finalmente convocará la lista de proyectos de seguridad que habían pedido desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Adicionalmente, el jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, recordó que el Poder Ejecutivo presentó proyectos de ley “mal formulados, que han quedado en evidencia”, por lo que solicitó al Ejecutivo que en lugar de repartir responsabilidades debería arreglar los proyectos presentados y sentenció que la actitud del gobierno era “una perfecta irresponsabilidad”.
Por su parte la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, defendió el accionar del Ejecutivo señalando que la Asamblea no le quería aprobar los proyectos al Poder Ejecutivo, entonces el presidente les convocó los 26 proyectos para que la Asamblea los apruebe, y negó que el presidente Chaves hubiera renunciado a su responsabilidad en temas de seguridad.
Los cinco proyectos de seguridad del Poder Ejecutivo
El 19 abril de este año el Poder Ejecutivo presentó cinco proyectos de ley que formaban su agenda prioritaria en materia de seguridad.
De esos cinco proyectos la Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones (expediente 23.690) ya había sido dictaminada de forma afirmativa por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el pasado 9 de noviembre tras corregir varias observaciones realizadas por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
Entre los problemas que tenía la redacción del Ejecutivo se encontraba, por ejemplo, impedirle al jerarca del Organismo de Investigación Judicial poder solicitar intervenciones pese a que hoy puede hacerlo al ser un órgano auxiliar del Ministerio Público, además de problemas de constitucionalidad al permitirle a los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo llevar a cabo esas intervenciones, pues violentaba el principio de división de poderes y sería poco práctico pues cada cuerpo policial tendría que crear una unidad propia para poder efectuar las intervenciones.
Mientras tanto, el proyecto de Reforma a los Artículos 7, 88, 88 Bis y 88 Ter, de la Ley N°7530 de Armas y Explosivos y sus Reformas (expediente 23.689) fue archivado debido a la mala redacción de la propuesta por parte del Ejecutivo y la imposibilidad del Congreso de enmendar los yerros de la idea original sin violar el principio de conexidad, hecho particularmente delicado en la materia penal, lo que terminó inclinando la balanza para que las diputaciones decidieran votar negativamente el proyecto.
Dato D+: La conexidad es un límite a la potestad de enmienda de los diputados, cuyo propósito es evitar el fraude que se causaría si en un proyecto se introducen aspectos ajenos a los fines iniciales de esa propuesta.
Adicionalmente, los otros tres proyectos presentados por el Ejecutivo se mantenían en su trámite de Comisión, pero habían recibido múltiples observaciones de forma y de fondo por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
El proyecto de Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad (expediente 23.692), que pretendía limitar el otorgamiento de medidas cautelares menos gravosas, únicamente en los delitos cuya pena sea inferior a los cuatro años de prisión (aquellos delitos considerados como no graves), ya tenía un dictamen negativo de subcomisión, y el informe de Servicios Técnicos alertaba que:
la obligatoriedad de imponer una prisión preventiva, atenta contra el principio de inocencia, dado que, tal como se indicó antes, la prisión preventiva es una medida cautelar que debe aplicarse en los casos estrictamente necesarios”.
Al proyecto de Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada (expediente 23.691) que se encontraba en trámite de comisión, el Departamento de Servicios Técnicos le había realizado una serie de observaciones por problemas de redacción, y se había indicado que “podría presentar roces de constitucionalidad y de legalidad”.
El principal problema con la redacción del proyecto 23.691 era que incluía como causal para la detención provisional cuando una persona menor de edad “represente un peligro para la sociedad”, lo cual dejaba la valoración del hecho delictivo y la conducta del menor infractor al discernimiento individual de cada persona juzgadora, violando los principios de tipicidad y legalidad que requieren que la redacción de los tipos penales deba hacerse de manera clara, concisa, precisa y exacta.
Por último, el proyecto Ley del Sistema Penitenciario Nacional (expediente 23.688), también se encontraba en trámite en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y pretendía regular el Sistema Penitenciario Nacional en su competencia funcional administrativa y en su competencia de ejecución de la pena en privación de libertad o entornos socio-comunitarios.
Sobre el expediente 23.688 el informe de Servicios Técnicos señalaba que “el objetivo de la iniciativa es confuso, porque no queda claro si se trata de regulación estrictamente penitenciaria, porque regula únicamente lo concerniente a la prisión, o si se trata de una ley de ejecución en donde se establezcan las condiciones de ejecución de las diferentes penas”, por lo cual se recomendaba “revisar y definir el objetivo general, para después revisar la totalidad del articulado, con el fin de configurar un proyecto concordante con el objetivo trazado”, y añadía:
En cuanto al componente de ejecución, existen muchos vacíos en la regulación de una verdadera ejecución de la pena, de forma tal que no se cumpliría con el objetivo señalado en la exposición de motivos, en cuanto a llenar el vacío legal que ha imperado en la ejecución de la pena durante décadas”.
Fuente: Delfino