Internacional
El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá responder ante la justicia argentina por su presunta vinculación en los falsos positivos en Colombia. Once víctimas y tres organizaciones no gubernamentales, el Colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), presentaron la acción judicial ante el juez federal argentino Sebastián Ramos, amparados en la llamada jurisdicción universal, que permite investigar y juzgar a autores de crímenes en cualquier parte si en la nación donde ocurrieron los hechos no se están investigando.
En las últimas horas del martes 19 de diciembre, en el marco de ese principio de “justicia universal” y con el objetivo “de que los graves crímenes denunciados no queden sin castigo para todos sus responsables”, el fiscal Carlos Stornelli anunció una investigación en contra del ex presidente Álvaro Uribe, denunciado por crímenes de guerra y de lesa humanidad durante su gobierno en el marco del combate contra la guerrilla.
Según el dictamen de 22 páginas al que accedió Infobae, Stornelli sostuvo que “las eventuales responsabilidades serán deslindadas en el transcurso de la investigación. No obstante, corresponde señalar que en la denuncia se ha sindicado como presunto responsable al ex presidente de la República de Colombia y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, Álvaro Uribe Vélez, ciudadano colombiano, que sería identificado con la cédula de ciudadanía nro 70.041.053″.
Stornelli sostuvo que “será objeto de investigación la determinación de la presunta responsabilidad penal del nombrado Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de la República de Colombia y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia entre el 08 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, con saldo de 6112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como caídos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército Colombiano, conocidos como ‘falsos positivos’; ello en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, dado en un contexto de conflicto armado”.
Los casos denunciados corresponden a los asesinatos de Luís Eduardo Oñate, Álvaro Adolfo Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durant Badillo, “y el asesinato y desaparición forzada otras siete víctimas que aún no pudieron ser identificadas, cuyas muertes acaecieron a manos de elementos de las Fuerzas Armadas en la República de Colombia, que presentaron los casos como bajas en combate”.
Tras una descripción de cada uno de los casos, Stornelli explicó que “la radicación de la denuncia ante los tribunales judiciales argentinos, para investigar y juzgar una presunta responsabilidad penal por hechos acaecidos en territorio de otro Estado, fue fundada en el principio de jurisdicción universal”.
“De acuerdo al referido principio de Jurisdicción Internacional, los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados aún fuera del lugar donde fueran cometidos, y aunque no medie punto contacto tampoco en razón de la nacionalidad de las víctimas o de los responsables, ni de ningún otro tipo con el Estado que asuma tal jurisdicción”, describió el fiscal. Y añadió: “Toda la comunidad internacional es competente para perseguir delitos contra la humanidad, y el Estado que ejerza la competencia lo hace en representación de aquélla”.
Según la denuncia, “el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez habría buscado el alineamiento de toda la población en torno a la fuerza pública, dividiendo la población entre ‘amigos’ o ‘enemigos’ de la patria, del Estado, del orden y de la Seguridad Democrática, amparado en el mandato de derrotar a las guerrillas, la estrategia contrainsurgente se enmarcó desde el inicio en la llamada ‘Guerra contra el Terrorismo’”.
El ex presidente colombiano –añade la presentación- puso “de este modo a amplios sectores de la población como objetivos de la persecución estatal en virtud de la amplitud que se concede a la noción de ‘aliados’ , ‘simpatizantes’, ‘colaboradores’ o ‘cómplices del terrorismo’, que son aquellas personas que se opusieron a las políticas estatales, a la militarización de la sociedad, al desborde del autoritarismo, a quienes denunciaban las violaciones de los derechos humanos que se multiplicaron por toda la nación, o quienes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales les correspondió investigar y sancionar a los militares”.
Fuente: Infobae