Colombia
El 5 de noviembre de 2024, se dará inicio a la discusión de la Reforma a la Justicia, un proyecto emblemático del gobierno del presidente Gustavo Petro, que será debatido por primera vez en la Comisión Primera del Senado. Esta iniciativa ha suscitado una fuerte división entre los congresistas, especialmente por el artículo 7, que propone beneficios y reducciones de penas para aquellos que cometan delitos atroces contra menores de edad. Este tema ha cobrado relevancia tras una serie de crímenes recientes, como los casos de Sofía y Alexis Delgado, que han conmocionado al país.
El senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, ha expresado su firme oposición a este artículo. En un mensaje compartido en sus redes sociales, el congresista de Alianza Verde aseguró que cuenta con el respaldo necesario para impulsar la eliminación de esta disposición de la reforma.
“Al ver el video con mi hija, comprendí que debemos proteger la inocencia y la vida de nuestros niños. Por eso, no permitiremos que el gobierno de Gustavo Petro otorgue beneficios a los violadores y asesinos de menores”, afirmó el senador en su publicación.
Hernández subrayó su determinación de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que la reducción de penas para los abusadores de menores no se lleve a cabo. “¿Rebaja de penas? Jamás. Protegeremos a nuestros niños con firmeza”, declaró.
El senador hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca alerta ante las discusiones legislativas de noviembre. “Colombia no puede distraerse. Esta semana es crucial para frenar la rebaja de penas que busca el gobierno y la Fiscalía. ¡Vamos a eliminar el Artículo 7 de la Reforma a la Justicia!”, concluyó.
Además de Jota Pe Hernández, otros sectores de la sociedad han expresado su rechazo a la propuesta de reducir las penas para quienes admitan sus delitos contra menores. Más de 250 mujeres, líderes y representantes de la sociedad civil firmaron una carta dirigida al senador Ariel Ávila, presidente de la Comisión Primera, manifestando que la reforma del gobierno representa una grave amenaza para los derechos de la infancia en Colombia.
La misiva, firmada por Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe, enfatiza que “los niños son el futuro de nuestro país y merecen vivir en un entorno seguro”. Las firmantes se comprometieron a trabajar en defensa de los derechos de los menores y apoyarán cualquier iniciativa legislativa que busque fortalecer su protección.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió el artículo 7 de la reforma, argumentando que no busca favorecer a los perpetradores de delitos graves, sino establecer condiciones que garanticen una sanción, aunque sea mínima, para quienes acepten su culpabilidad.