Tras conocerse el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2021, donde aparecen observaciones al gobierno de Michoacán en torno al manejo de más de 12 mil millones de pesos, el actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla, ordenó “emprender una investigación profunda de este desfalco”, que “no debe quedar impune”.
Aunque 2021 fue el último año del sexenio del perredista Silvano Aureoles Conejo, el trimestre de octubre a diciembre formó parte del inicio de la presente administración, pero Ramírez Bedolla se deslindó de las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador:
“Cuando nosotros llegamos (el 1 de octubre de 2021) nos dejaron 60 mil pesos en las cuentas, así que (el informe de auditoría) corresponde básicamente a la administración anterior; ya habían ejecutado el 100 por ciento del presupuesto y sí es una cifra alarmante en cuanto a desfalco y observaciones”, aseveró.
Durante su intervención en el acto por el informe de labores del Tribunal de Justicia Administrativa, el gobernador llamó a los órganos autónomos e instituciones a ser transparentes, así como a cumplir con la ley y el pueblo de Michoacán con honestidad y cero corrupción.
Luego de expresar su confianza en que “continuará la coordinación y armonía para erradicar la corrupción de Michoacán con pasos firmes”, Ramírez Bedolla advirtió que las anomalías observadas en el último año de Aureoles no deben volver a ocurrir, “ya basta del dejar hacer y dejar pasar, tenemos que actuar”.
Posteriormente, en declaraciones ante representantes de los medios de comunicación, el gobernador recordó que su administración interpuso ya denuncias penales y administrativas ante las fiscalías General de la Republica y General del Estado, así como ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de que se aclare el manejo de los recursos.
Ante el monto de 12 mil 046 millones de pesos observado por la ASF, calculó que, si se toma como base que el presupuesto anual de Michoacán en 2021 fue de alrededor de 61 mil millones de pesos, se encuentra cuestionado el manejo de uno de cada cinco pesos ejercidos.
Del total de recursos con observaciones de la ASF, más de la mitad corresponden al aumento de pagos de servicios personales sin autorización (3 mil 175 millones de pesos) y al pago de nómina y contratos a personal que ya había sido dado de baja (3 mil 828 millones).
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