En los próximos comicios locales para Diputados y Ayuntamientos, los partidos y coaliciones no solo deben cumplir con la paridad de género en las candidaturas, sino que también están obligados a reservar espacios para grupos históricamente discriminados.
De acuerdo con un acuerdo de acciones afirmativas aprobado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en diciembre pasado, todas las fuerzas políticas que compitan en las elecciones del 2 de junio deben postular a indígenas, personas con discapacidad, afromexicanos y miembros de la comunidad LGBTTQI+ en cada nivel de cargo en disputa, incluyendo presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones locales.
Se estableció que al menos el 3 por ciento de las candidaturas para las presidencias municipales deberán ser para estos grupos, lo que equivale a un mínimo de 4 postulaciones, una para indígenas, otra para personas con discapacidad, una más para afromexicanos y una para miembros de la comunidad LGBTTQI+.
Para las sindicaturas, se designó un 3 por ciento de las candidaturas, lo que significa al menos 8 postulaciones para estos grupos (dos indígenas, dos discapacitados, dos afromexicanos y dos miembros de la comunidad LGBTTQI+).
En el caso de las regidurías, el porcentaje reservado es del 5 por ciento, es decir, al menos 28 candidaturas deben ser para miembros de estos grupos vulnerables.
Para asegurar el acceso de estos grupos a los cargos de elección popular, al menos una de las fórmulas postuladas a través de estas acciones afirmativas debe ser en un bloque de alta competitividad.
Además, en las candidaturas a las diputaciones, los partidos y coaliciones deben postular representantes de estos grupos en al menos dos de los 45 distritos electorales.
El IEEM subrayó que estos porcentajes son el mínimo que deben cumplir los partidos, pero tienen la libertad de otorgar más espacios a quienes históricamente han sido excluidos.
El periodo de registro de candidaturas comenzó el 10 de abril y finalizará el 19 de abril. El IEEM revisará cada expediente para verificar el cumplimiento del principio de paridad de género y de las acciones afirmativas.
Fuente: La Jornada