La gobernadora Layda Sansores ha decidido cortar la comunicación con la comisión representante de los aproximadamente mil policías en desacato desde el 16 de marzo. Durante su programa "Martes del Jaguar", la mandataria campechana reiteró que cualquier oficial que desee regresar será recibido con los brazos abiertos, pero dejó claro que los acuerdos serán directos, sin intermediarios.
En su intervención, la gobernadora acusó nuevamente a los policías amotinados de corrupción y extorsión. Afirmó que dos líderes del movimiento adquirieron propiedades de manera indebida mientras eran comandantes municipales.
Asimismo, les imputó la responsabilidad por colgar una manta en un puente de la ciudad con una amenaza de muerte hacia la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez. Sansores mencionó que las cámaras de vigilancia fueron trasladadas para no dejar rastro, aunque aseguró que ella posee las imágenes aunque no las mostró.
A pesar del amparo que protege a los policías contra tales acusaciones y de ser exhibidos en el programa "Martes del Jaguar", Sansores San Román insistió en que el movimiento está manipulado por partidos políticos, especialmente por el candidato a senador del partido Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montufar.
La gobernadora desestimó la reciente manifestación ciudadana, llamándola "una marchita" con solo 5 mil personas de las 50 mil esperadas. Alegó que se pagó a los asistentes entre 500 y mil pesos y que incluso se organizaron autobuses desde Tabasco para aumentar la asistencia.
Además, criticó que la manifestación se convirtió en un evento político al corear "fuera Morena" y olvidar las demandas de los policías. También denunció la recolección de firmas para un juicio político contra la titular de la SPSC, violando la ley electoral al exigir copias de credenciales de elector, lo cual será reportado al INE.
A pesar de la prolongada crisis institucional en Campeche, Sansores afirmó que "todo está bien" y reiteró su disposición a dialogar sin intermediarios con los policías rebeldes.
Esta nueva postura de la gobernadora ha intensificado la tensión con los policías sublevados, a quienes se les ha cortado el suministro de combustible, dificultando su capacidad para responder a llamadas de emergencia al 911, según voceros de los inconformes. Además, denunciaron hostigamiento laboral para forzar al personal a reportarse en una sede alterna donde opera Muñoz Martínez y sus directores.
Fuente: La Jornada