Los nuevos magistrados deberán asumir sus funciones a mediados de octubre, comprometiéndose a un mandato de cinco años que se extenderá hasta el 2029. Sin embargo, el proceso de selección, evaluación y elección de estos ocupantes está por dar inicio y se prevé que se desarrolle en los próximos cuatro meses. Las sombras de corrupción que empañaron los procesos electorales anteriores han puesto en alerta al Ejecutivo, a la sociedad civil y a organismos internacionales.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó su preocupación ante el contexto de desconfianza generado en torno a los nombramientos judiciales pasados, destacando las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que han acompañado dichos procesos.
Recientemente, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), anunció haber aceptado la solicitud del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para supervisar el proceso de selección. Este anuncio fue seguido por una primera reunión entre Almagro y dos asesores del mandatario guatemalteco.
Carmen Aida Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, subrayó la importancia de este proceso electoral, señalando que el Ministerio Público depende de las decisiones de las cortes para combatir la impunidad que prevalece en el país.
En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el máximo órgano judicial, está compuesta por 13 magistrados titulares y 13 suplentes elegidos por el Congreso de la República. Asimismo, la Corte de Apelaciones (CA), bajo la jurisdicción de la CSJ, cuenta con 46 salas y está integrada por 230 magistrados, también seleccionados por el Congreso a partir de una lista depurada proporcionada por una comisión de postulación.
En el 2018, una investigación conjunta de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público desveló una trama de corrupción dirigida por el abogado Roberto López Villatoro para influir en el nombramiento de los magistrados de ambas cortes (CSJ y CA), conocida como "Comisiones Paralelas 2020". Aunque Villatoro fue absuelto de los cargos el año pasado, el escándalo generó tensiones y evidenció la corrupción en el sistema judicial.
El caso llevó a la luz la implicación de otros actores, como Gustavo Alejos, un influyente político y empresario guatemalteco, en la denominada "Comisiones Paralelas II". Estas investigaciones perturbaron el proceso de elección de magistrados hasta noviembre del 2023, cuando solo se nombraron magistrados para la CSJ y no para la CA. Los jueces electos entonces deberán dejar sus cargos en octubre próximo.
Con la proximidad de un nuevo proceso de selección, se espera una reconfiguración de alianzas políticas y una revisión de la dinámica de poder en los próximos meses, según Aida Ibarra de Pro Justicia.
Bernardo Arévalo asumió la presidencia enfrentando oposición del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, la CC decidió que los 23 diputados del oficialismo se conviertan en independientes sin afiliación partidista, subrayando la importancia de la independencia judicial en el Estado de Derecho. La balanza de la justicia en Guatemala y el compromiso del nuevo Gobierno en la lucha contra la corrupción estarán bajo escrutinio en los próximos meses.
Fuente: El País