La defensa de Jeanine Áñez ha interpuesto una acción de incompetencia ante el juzgado que está llevando el caso “Golpe de Estado I,” argumentando que la exmandataria debe ser sometida a un juicio de responsabilidades.
La audiencia del caso, que involucra a Áñez, al exlíder del Comité Pro Santa Cruz y actual gobernador electo Luis Fernando Camacho, y al excívico potosino Marco Antonio Pumari, comenzó en medio de tensiones. El procedimiento se lleva a cabo en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, en la calle Bolívar.
Antes de iniciar la audiencia, el abogado Luis Guillén, defensor de Áñez, presentó la acción de incompetencia, reiterando el pedido de la exmandataria para ser juzgada en un juicio de responsabilidades.
Los tres acusados, que se encuentran bajo detención preventiva, fueron trasladados a la sede judicial en la madrugada del jueves. Actualmente, Áñez cumple su condena en el centro penitenciario de mujeres de Miraflores en La Paz, mientras que Camacho está en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro y Pumari en el penal de Santo Domingo de Cantumarca en Potosí. Este último fue trasladado a La Paz el miércoles y fue ingresado al penal de San Pedro.
Fuera del edificio judicial, grupos que apoyan a los líderes de las protestas postelectorales de 2019 gritaban consignas como “no fue golpe, fue fraude,” mientras que otros clamaban por “justicia.” Esteban Alavi, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIOB), exigió que tanto Áñez como Camacho y Pumari deben “pagar” por lo que calificó de “golpe de Estado” y “las muertes” resultantes de ello.
Alavi manifestó a los medios que “por el caso Golpe de Estado, los acusados deben recibir una sentencia ejecutoriada.”
Por su parte, Carolina Rivera, hija de Áñez, ha calificado el proceso judicial contra su madre de “injusto e ilegal,” y sostiene que ya existe una “sentencia anticipada” en este caso.
La defensa ha fundamentado su petición en dos hechos relevantes. Primero, las declaraciones del exministro de Justicia Iván Lima, quien sugirió que el juicio se lleva a cabo en la vía ordinaria “por un capricho” del exmandatario Evo Morales. En segundo lugar, Morales admitió en su programa dominical que la decisión fue tomada en una reunión del Movimiento Al Socialismo (MAS) donde también participaron el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Según Morales, Lima fue el único que abogó por un juicio de privilegio contra Áñez.
El caso Golpe de Estado I investiga los eventos que precedieron la renuncia de Morales a la presidencia en medio de una grave crisis social y política. Camacho y Pumari lideraron las manifestaciones en Santa Cruz y Potosí, respectivamente, por lo que se alegaba como un “fraude electoral.” Estas protestas se intensificaron con un motín policial y una sugerencia militar para que Morales renunciara.
Morales presentó su dimisión el 10 de noviembre de 2019, y dos días después, la entonces senadora Áñez asumió la presidencia del país y la titularidad del Senado en la Asamblea Legislativa, sin el quórum reglamentario y sin la presencia de los legisladores del MAS, que contaban con la mayoría. Estos hechos fueron calificados por el oficialismo como un “golpe de Estado.”
Fuente: La Razón