Bolivia
El próximo 15 de diciembre, Bolivia celebrará elecciones para designar a jueces y magistrados, una votación que se enmarca en una profunda crisis política y una creciente preocupación por la independencia judicial. En una audiencia reciente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, expertos advirtieron sobre la falta de imparcialidad en el proceso electoral, señalando el ambiente de apatía y el marcado partidismo que afectan el sistema judicial.
Rubén Darío Cuellar, director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, afirmó ante la CIDH que la relación entre la democracia y la justicia en Bolivia ha llegado a un estado crítico, describiendo el deterioro como “grave”. Según Cuellar, las disputas internas dentro del partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), han complicado aún más el panorama. La fractura entre el expresidente Evo Morales y el presidente actual, Luis Arce, ha derivado en peticiones de renuncia por parte de Morales y ha profundizado las divisiones.
A pesar de las impugnaciones y obstáculos legales que ponían en riesgo la elección de magistrados, un acuerdo reciente entre autoridades electorales y partidos políticos ha confirmado la fecha de las elecciones para el 15 de diciembre. Este acuerdo se produce después de que el Tribunal Constitucional anuló las elecciones en dos de los cuatro tribunales de cinco departamentos debido a impugnaciones de los candidatos, lo cual intensificó la presión para alcanzar un consenso.
Para el Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, la interferencia política sigue siendo un problema grave. Cuellar indicó que el ejecutivo y otros poderes ejercen influencia sobre el sistema judicial, debilitando su independencia y erosionando la confianza ciudadana. También destacó los patrones de persecución política y el uso instrumental de la justicia para fines partidistas, que se traducen en intimidación y vulneración de la objetividad legal.
La extensión del mandato de jueces del Tribunal Supremo de Justicia y la falta de recursos también contribuyen a la crisis, señaló José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional. Explicó que la insuficiencia presupuestaria y la falta de estabilidad laboral para los jueces impiden un funcionamiento adecuado y confiable del sistema judicial.
Observadores y expertos coinciden en que el proceso de votación de diciembre no alcanza los estándares necesarios para garantizar una elección imparcial. El sistema de sufragio universal para elegir jueces ha sido criticado en anteriores elecciones por favorecer a candidatos con vínculos partidarios, lo que resulta en una alta polarización y rechazo ciudadano, manifestado en una baja participación y votos nulos.
En representación del gobierno boliviano, el embajador Héctor Arce reconoció la legitimidad de las críticas, aunque desvinculó al ejecutivo de los problemas en el sistema judicial, atribuyendo las fallas a decisiones pasadas y a la herencia de un sistema judicial politizado. Afirmó que el MAS enfrenta dificultades para consolidar la independencia judicial debido a la resistencia de la oposición y otros factores históricos.
Ante las demandas de la CIDH para mejorar la situación, Arce mencionó que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de garantizar un proceso transparente, siguiendo estándares internacionales. Por su parte, Evo Morales ha pedido establecer mesas de diálogo para abordar las crisis política y económica con la mediación de organizaciones internacionales.
El proceso electoral ha sido pospuesto en varias ocasiones, y las tensiones entre seguidores de Morales y las autoridades han escalado, generando bloqueos en distintas regiones del país. La CIDH ha instado al gobierno de Arce a considerar una reforma constitucional para enfrentar la crisis judicial.
Bolivia enfrenta semanas de inestabilidad social, bloqueos de carreteras y enfrentamientos violentos que reflejan las divisiones internas. La situación económica añade otra capa de presión, mientras que el llamado de Morales a una mesa de diálogo internacional busca abrir una vía de solución ante la compleja realidad del país.