Estados Unidos
A menos de seis semanas para que finalice su mandato, el presidente Joe Biden enfrenta crecientes llamados de senadores demócratas para tomar medidas ejecutivas que refuercen las protecciones legales de los migrantes en Estados Unidos. Los legisladores advierten que millones podrían ser forzados a regresar a países inseguros bajo la administración entrante de Donald Trump, quien ha prometido endurecer las políticas migratorias.
Durante una conferencia de prensa, el senador Alex Padilla (D-California) subrayó la urgencia de actuar: “La premura de los próximos 40 días se mantendrá. Vamos a seguir presionando para proteger a nuestras comunidades”.
Entre las demandas destacan la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para migrantes de Nicaragua, Ecuador y El Salvador, así como la agilización de renovaciones para beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). El TPS beneficia actualmente a más de un millón de personas, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en Estados Unidos si sus países de origen son considerados peligrosos.
La senadora Catherine Cortez Masto (D-Nevada) enfatizó que la administración Trump buscará implementar políticas que podrían “desgarrar a nuestras familias”. Sin embargo, destacó que las medidas adoptadas por Biden podrían ofrecer a los migrantes herramientas legales para resistir deportaciones masivas.
El presidente electo Trump ya ha anunciado su intención de reducir programas como el TPS y eliminar el permiso condicional humanitario, una iniciativa de Biden que otorga estatus temporal a ciertos migrantes. Estas propuestas generan incertidumbre y miedo entre los beneficiarios actuales.
José Cabrera, un salvadoreño que ha vivido más de dos décadas en Estados Unidos bajo el TPS, expresó su preocupación: “Hay tanto miedo entre los migrantes como yo, especialmente con el nuevo gobierno que llega. Solo queremos estabilidad y la oportunidad de seguir contribuyendo a nuestras comunidades”.
Organizaciones de derechos humanos, religiosas y de inmigración han intensificado sus esfuerzos para que la administración Biden renueve el TPS para países como Nicaragua, donde la combinación de crisis políticas y ambientales hace que el retorno sea inseguro.
Grethel Gómez, una activista nicaragüense y solicitante de asilo en Estados Unidos, relató cómo huyó de la persecución en su país tras exigir la liberación de su hijo, un defensor de derechos humanos. “El TPS nos daría la tranquilidad que necesitamos para reconstruir nuestras vidas lejos del horror de la deportación”, afirmó.
A pesar de la presión, la Casa Blanca aún evalúa qué medidas tomar. Según fuentes cercanas a las discusiones, extender las protecciones temporales podría ser una opción viable, pero redeclarar el TPS para nuevos grupos requeriría un análisis más exhaustivo sobre las condiciones de seguridad en sus países de origen.
Con los demócratas divididos sobre el enfoque hacia la migración y tras las recientes derrotas electorales, el legado de Biden en este tema se encuentra bajo escrutinio. Mientras tanto, los migrantes y sus defensores esperan con ansias decisiones que definan su futuro en un contexto político cada vez más incierto.
Fuente: Los Ángeles Times