La reforma judicial ha alcanzado su fase decisiva. A pesar de los obstáculos que ha enfrentado en los últimos meses, el proceso sigue avanzando sin contratiempos. Este miércoles, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió del Senado las listas con más de 4.000 candidatos que competirán en las elecciones del primer domingo de junio. Con esta entrega, el organismo electoral asume por completo la conducción del proceso, ajustando detalles para garantizar su desarrollo con los recursos disponibles.
Las campañas arrancarán el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, seguidas de un breve periodo de veda electoral antes de la jornada en la que se definirán más de 900 cargos judiciales. Sin embargo, el INE enfrenta desafíos significativos debido a un recorte presupuestal de 13.476 millones de pesos, lo que ha obligado a la institución a optimizar recursos y reorganizar la logística del proceso electoral.
Durante semanas, el proceso de selección ha estado marcado por intensos debates, insaculaciones mediante sorteo y cuestionamientos sobre los perfiles elegidos. Ahora, el INE debe revisar la documentación de los aspirantes y comenzar la impresión de boletas. La ceremonia de entrega-recepción de listas reflejó las tensiones dentro del propio organismo electoral, ya que solo seis de los 11 consejeros estuvieron presentes en el acto, evidenciando divisiones internas.
El Senado ha cumplido su parte al entregar las listas al INE, siguiendo el mandato del Tribunal Electoral que ordenó la selección aleatoria de los candidatos provenientes del Poder Judicial y del Ejecutivo. Por su parte, el INE ha debido sortear el impacto del recorte presupuestario impuesto por el Congreso, lo que ha derivado en la reducción de casillas, capacitadores y herramientas para garantizar la certeza del proceso. En respuesta a esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó una ampliación de 800 millones de pesos, apenas un poco más de la mitad de los 1.500 millones solicitados por el instituto electoral.
El INE ha terminado de definir las reglas que regirán la elección judicial. Entre las medidas adoptadas, se aprobó un protocolo de seguridad para los candidatos, permitiéndoles solicitar protección estatal, la cual será determinada por mesas de seguridad a nivel federal y estatal. Este modelo replica el implementado en las elecciones federales de 2023.
Otro punto clave es la garantía de paridad de género en la elección. Se ha establecido que el 50% de los cargos serán ocupados por mujeres y el otro 50% por hombres, con una alternancia en los triunfos para evitar una sobrerrepresentación masculina.
A medida que se acerca la elección, los candidatos se preparan para una intensa campaña de 60 días en la que deberán autofinanciarse. El INE ha identificado 17 infracciones que los aspirantes deben evitar, incluyendo la contratación de publicidad en medios, actos anticipados de campaña, difamación contra oponentes, realización de encuestas sin autorización y el uso indebido de recursos públicos.
Las sanciones también han sido establecidas, aunque con modificaciones de último momento que suavizaron algunas de ellas. La pérdida del registro de un candidato solo se aplicará en casos de faltas graves, lo que, según expertos, podría generar ambigüedad en la aplicación de sanciones.
La elección judicial avanza sin pausas y el reloj sigue corriendo. Los candidatos ya se preparan para salir a las calles en busca del voto ciudadano en un proceso inédito que transformará la impartición de justicia en el país.