Costa Rica
Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) anunciaron que su respaldo a la reforma de la Ley de Eurobonos (expediente 10.332) estará condicionado a cambios sustanciales en el texto propuesto por el Poder Ejecutivo, el cual busca acceder a financiamiento internacional para cubrir necesidades fiscales de 2025 y 2026.
La iniciativa impulsada por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, permitiría colocar en lo que resta del 2025 una emisión de $1.000 millones no concretada en 2024, además de trasladar una colocación prevista para 2025 hacia 2026. Para aprobarse, el proyecto requiere el respaldo de al menos 38 diputados.
Sin embargo, desde la bancada liberacionista surgieron objeciones claves. La diputada Paulina Ramírez advirtió que su partido rechaza el intento del Ejecutivo de flexibilizar los criterios económicos exigidos para realizar las emisiones. Las modificaciones reducirían metas vinculadas al superávit primario, al pago de intereses y al nivel de deuda pública.
Por ejemplo, se propone aumentar el tope del pago de intereses sobre el PIB de 4,6% a 5%, lo que, según Ramírez, generaría un margen mayor para el endeudamiento sin una mejora sustancial en la disciplina fiscal.
“La bancada no está dispuesta a respaldar una iniciativa que debilite las metas fiscales. Si las mociones para mantener los indicadores originales no prosperan, difícilmente se obtendrán los votos necesarios”, señaló Ramírez.
Por su parte, el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, condicionó su voto al cese inmediato de la amenaza de suspensión del servicio de agua potable a los habitantes de Paraíso de Cartago. La advertencia proviene del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que responsabiliza a la Municipalidad local por una deuda millonaria.
La jefa de fracción del FA, Rocío Alfaro, reafirmó este martes el respaldo de toda la bancada a la exigencia de Ortega. “No daremos los votos mientras se afecten derechos fundamentales de los ciudadanos como el acceso al agua”, declaró.
Pese a que el Ejecutivo ha insistido en la urgencia del proyecto, su manejo legislativo ha sido errático. La iniciativa fue desconvocada de la agenda parlamentaria desde el lunes y apenas fue reincorporada este miércoles por la tarde.
La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, justificó la pausa alegando que “hay votos en veremos” y que se requiere negociar. Sin embargo, no detalló con qué bancadas existen dudas ni qué condiciones estarían sobre la mesa.
En contraste, Nueva República ya comprometió sus seis votos al proyecto, y en la Unidad Social Cristiana (PUSC), la mayoría parece favorable, aunque la vicepresidenta del Congreso, Vanessa Castro, expresó su rechazo a flexibilizar las métricas fiscales.
El gobierno enfrenta un panorama legislativo complejo. Aunque el proyecto de eurobonos busca garantizar liquidez para los próximos años sin recurrir a financiamiento interno más costoso, la pérdida de confianza en los compromisos fiscales está generando resistencia en sectores clave del Congreso.
La discusión avanza en un contexto donde Hacienda también enfrenta críticas por el costo de anteriores emisiones, que han resultado menos competitivas que opciones de crédito multilaterales.
Fuente: Nación