La organización no gubernamental Foro Penal reportó que actualmente existen 927 presos políticos en Venezuela, de acuerdo con su más reciente actualización. La cifra representa un aumento de cinco personas en comparación con la semana anterior, lo que evidencia la continuidad de una política sistemática de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Según el informe, del total de detenidos, 831 son hombres y 96 mujeres. En cuanto a la edad, 922 son adultos y cinco son adolescentes, con edades entre los 14 y 17 años. Asimismo, 758 personas corresponden al ámbito civil y 169 son militares, mientras que 82 detenidos poseen doble nacionalidad.
La mayoría de estas detenciones se produjo después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral –controlado por el chavismo– declaró vencedor a Nicolás Maduro. La oposición, sin embargo, sostiene que el triunfo fue del candidato Edmundo González Urrutia, lo que ha desatado una nueva ola de persecución política.
Este patrón represivo se inserta en un contexto más amplio que, desde 2014, ha dejado un saldo de 18.409 arrestos políticos documentados, según la misma ONG. La líder opositora María Corina Machado ha calificado este escenario como una política de “terrorismo de Estado”, debido al uso sistemático del aparato judicial y de seguridad para sofocar la disidencia.
En paralelo, el chavismo ha intensificado sus ataques contra las organizaciones de derechos humanos. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó recientemente a varias ONG –incluidas Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible– de formar parte de una supuesta “estructura terrorista” implicada en un complot para sabotear las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, marcadas por una participación ciudadana mínima.
Cabello afirmó que estas acusaciones se sustentan en información extraída de un teléfono incautado al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido en fechas recientes. Según su versión, la supuesta red buscaba ejecutar ataques contra embajadas y oficinas de organismos internacionales en Caracas.
El fiscal general, Tarek William Saab, respaldó las acusaciones y confirmó la detención del abogado Eduardo Torres, miembro de Provea, quien continúa incomunicado tras más de 25 días bajo custodia.
Ante estas declaraciones, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, respondió de forma contundente, calificando las imputaciones como parte de un patrón sistemático de criminalización y estigmatización de las organizaciones civiles en Venezuela. Romero hizo un llamado a la comunidad internacional para proteger a los defensores de derechos humanos y asegurar que puedan operar sin temor a represalias.
“Rechazamos categóricamente que se nos acuse de terrorismo. Nunca hemos promovido la violencia. Nuestro trabajo está sustentado en la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, concluyó Romero.
Fuente: Infobae