Chile, entre la unificación y la plurinacionalidad

La comisión de Constitución del Senado de Chile aprobó una reforma constitucional orientada a asegurar escaños reservados para los pueblos originarios, y garantizar así su participación en la convención encargada de redactar la nueva Carta Magna. En la instancia se impuso la propuesta de los partidos de la oposición, por tres votos contra dos, que busca añadir 23 cupos a los 155 ya establecidos. Mientras que la idea del oficialismo de que fuesen 15 cupos, dentro de los escaños ya establecidos, fue rechazada por los integrantes de la comisión. La iniciativa debe seguir un curso que busca llevar mayores garantías para el desarrollo de los pueblo originarios del territorio chileno.

¿Podría Chile convertirse en un estado plurinacional? Algunos advierten que ya lo es, sin embargo, en la antesala de la discusión del cronograma para el diseño de la nueva Constitución y en medio de la controversia por la determinación de escaños reservados, surge la tesis de hasta dónde Chile estará disponible a alcanzar un acuerdo social que incorpore plenamente a sus pueblos originarios.




Los clásicos ejemplos de plurinacionalidad son Bolivia y Ecuador, otros casos son los mencionados también en Canadá o Colombia, donde en el primer caso el gobierno federal cuenta con 33 acuerdos de autogobierno con diferentes pueblos indígenas negociados directamente, mientras que en el segundo caso existen territorios bajo autonomía indígena con sistemas de representación política especial.

En Chile, la demanda por una reforma constitucional que incorpore el carácter plurinacional del Estado se ha ido posicionando con el tiempo, en un trabajo en el que destacan los aportes del profesor José Mariman, tal como lo enfatiza Claudio Millacura, coordinador de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. “La idea de la autonomía indígena tiene que ver con el fracaso de las políticas aplicadas por los gobiernos de la Concertación a la hora de tratar de reparar la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos indígenas, en particular con el pueblo mapuche. Esto debido a la presión que comienzan a sufrir las diferentes comunidades de parte de diferentes iniciativas económicas, que producen daños y van en desmedro de sus intereses”, explicó Millacura.

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