Gobierno canadiense retira propuesta polémica sobre acceso policial a datos de internet y presenta nueva versión de su ley de seguridad fronteriza
CanadáEl gobierno liberal de Canadá presentó una nueva versión de su proyecto de ley de seguridad fronteriza, ahora identificado como Proyecto de Ley C-12, que elimina una disposición altamente polémica: la que habría permitido a la policía acceder a datos de internet de los canadienses sin una orden judicial.
El ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, explicó que esta medida —conocida como “acceso legal”— se discutirá de forma separada, mientras el gobierno busca consenso en torno a las reformas prioritarias sobre fronteras, inmigración y seguridad nacional incluidas en el nuevo texto.
“Queremos encontrar el equilibrio adecuado entre las libertades civiles y la capacidad de las fuerzas del orden para hacer su trabajo de manera eficaz”, declaró Anandasangaree tras presentar la iniciativa en la Cámara de los Comunes.
El Proyecto de Ley C-12 reemplaza al anterior C-2 (Ley de Fronteras Seguras) y mantiene medidas enfocadas en modernizar el sistema de asilo, combatir el tráfico de fentanilo y fortalecer la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y control fronterizo.
Entre sus disposiciones más destacadas se incluyen:
- Limitar las solicitudes de asilo que se presenten más de un año después de la llegada al país.
- Agilizar procesos de deportación y revisión de solicitudes migratorias.
- Permitir suspender la tramitación de visas o reclamos migratorios por motivos de salud pública o seguridad nacional.
- Ampliar las facultades de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) y de la Guardia Costera para realizar inspecciones y patrullajes de seguridad.
El ministro insistió en que Canadá debe mantenerse seguro y cumplir con los estándares de cooperación establecidos con sus aliados, aunque grupos de derechos civiles y organizaciones pro migrantes han criticado el proyecto por considerar que restringe derechos de los solicitantes de refugio y otorga poderes excesivos al Ejecutivo.